partir de enero de este año, todas las licitaciones de los nuevos proyectos del Ministerio de Obras Públicas deberán incorporar como exigencia un Plan de Gestión de Residuos en Obra, que busca cuantificar la cantidad y tipo de residuos que se generan en las obras de infraestructura financiadas con recursos públicos, así como determinar con claridad su destino final. Con esto, se comienzan a implementar los objetivos comprometidos por el ministerio en el marco de la Hoja de Ruta para los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Economía Circular en la Construcción, lanzada en agosto de 2020.

“Este plan de gestión, además de ser una herramienta para conocer de manera sistematizada los residuos que generan nuestras obras, nos permitirá -en el corto plazo- conocer datos respecto de los residuos generados por cada tipo de obra ejecutada por este ministerio, conociendo la trazabilidad y destino final de éstos”, explicó Mariana Concha, directora general de Obras Públicas (DGOP) del MOP, al dar a conocer la iniciativa.

Actualmente los RCD representan un 34% de los residuos sólidos que se generan en Chile, y se proyecta que a 2023 estos alcanzarán las 7,4 millones de toneladas anuales en el país -el equivalente a 15,5 estadios nacionales- solo en lo relativo a viviendas. Esto en un escenario en que solo seis regiones del país cuentan con sitios autorizados para su disposición final, lo que implica que gran parte de ellos termina en basurales ilegales o riberas de ríos.

Si bien hoy la experiencia internacional muestra que existe un gran volumen de residuos valorizables que pueden volver a ser usados como insumos para la construcción, en Chile las tasas de reciclaje de RCD no superan el 4%. De ahí la importancia de este tipo de medidas provenientes del Estado, que a través de la demanda es capaz de impulsar el cambio hacia una economía circular en la construcción, a partir de licitaciones y proyectos de edificación e infraestructura que incorporan inversión pública.

La decisión cobra una mayor relevancia al considerar que solo la Agenda de Concesiones 2019-2023 del MOP considera inversiones por US$12,3 mil millones en 49 proyectos, incluidos aeropuertos, edificios públicos, hospitales, embalses, infraestructura para el transporte público, obras de riego, carreteras y vialidad urbana. De ellas, todas las obras que se liciten a partir de enero de este año deberán incorporar esta nueva exigencia, lo que permitirá cubrir un 80% de los contratos este año, ya que el porcentaje restante comenzó su tramitación en 2019. “Para 2022, en el 100% de los contratos nuevos se estarán implementando. No se contemplan salvedades o excepciones, sólo que la exigencia regirá para contratos nuevos”, afirmó Mariana Concha.

Este plan de gestión de residuos permitirá cubrir además una brecha de información y de diagnóstico, ya que hasta ahora no existe claridad respecto de la cantidad de residuos que genera cada tipo de obra, o cuánto se genera por región, ni qué ocurre exactamente con ellos. Hoy los datos de generación de RCD, lo que se declara, fluctúa entre un 23% y un 34% del total.

Primera meta: conocer qué y cuánto RCD se genera

La iniciativa implementada por el MOP es fruto del trabajo realizado en el marco de la construcción de la hoja de ruta de RCD para la construcción, coordinada por el programa Construye 2025, donde una de las primeras carencias que saltaron a la vista al iniciar el trabajo fue la falta de información fiable respecto de la generación de residuos de construcción, tanto a nivel público como privado. Por ello, una vez elaborada la hoja de ruta, una de las primeras tareas de la Dirección de Obras Públicas del MOP para implementar las metas fue homologar un plan de gestión de residuos aplicable a todas las direcciones del ministerio.

“Esto tiene un gran potencial, una vez que tengamos los datos, para saber en qué regiones generamos más residuos, de qué tipo, y eso va a abrir paso a nuevos mercados o a lo mejor a que se ponga una planta de reciclaje de áridos en una región donde hay una alta generación de este tipo de residuos, o de asfaltos, de hormigón, etc. Esto nos va a dar una diagnóstico de qué ocurre con estos residuos y qué podríamos hacer en el futuro”, explicó Evelyn Galdames, secretaria ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio de la DGOP.

A esto se suma la trazabilidad de esos residuos, saber dónde terminan, lo que también será exigible a las empresas que se adjudiquen las concesiones del MOP. “Está absolutamente alineado a la hoja de ruta, ya que no solo vamos a poder conocer la cuantificación de residuos sino también la trazabilidad. Hay un eje que tiene que ver con el destino final de los residuos para disminuir los vertederos ilegales. Hasta hace 10 años te preocupabas que el residuo fuera a un lugar autorizado, pero este cambio de paradigma busca no solo reducir los residuos, ojalá poder reutilizarlos. Pensar el residuo como un nuevo material”, agregó Evelyn Galdames.

El objetivo es contar con esa información en un plazo de dos años, para luego avanzar hacia otras definiciones. La idea es que si por cada kilómetro de carretera se generan, por ejemplo, una tonelada de residuos, apuntar a poner metas de reducción de estos. Y si existe una industria o un mercado de valorización, fijar metas de reutilización de materiales de construcción, como el hormigón o los asfaltos.

“Este es también un cambio cultural, ya que significa empezar a ver a los residuos como subproductos o insumos en el ciclo de economía circular de la construcción y, para eso, debemos cambiar las filosofías de diseño y constructivas”, afirmó la directora de la DGOP.

En ese sentido, agregó Mariana Concha, “uno de los ejes de la Hoja de Ruta RCD es desarrollar estándares para el diseño y metodologías de la evaluación de proyectos públicos que incorporen criterios de economía circular, reparación, reutilización, remanufactura, entre otros, incorporando nuevos pilotos y ensayos con materiales reciclados en las obras públicas para fomentar su utilización, incluyendo estas alternativas en nuestro manual de carreteras y/o trabajando en las modificaciones normativas que corresponda. Para esto existe un gran compromiso de los Departamentos de la DGOP”.

Para Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye 2025, la determinación del MOP “es un tremendo hito” en el avance de la economía circular en el sector, más aún considerando que el ministerio cumple un rol fundamental en esta materia por su importante participación en la cantidad de metros cuadrados y obras que se construyen anualmente en Chile.

“Esto tiene una alta incidencia desde el punto de vista de los residuos que se generan en las obras del MOP, pero también desde las oportunidades que hay para traccionar la economía circular, de acelerarla, ya que son muchos metros cuadrados concentrados en un solo mandante”, afirmó.

“La idea -agregó- por un lado es impulsar a través del MOP la gestión sustentable de los residuos, y por otro generar tracción a partir de la valorización de los residuos y del Estado como consumidor de materiales reciclados. A esto se suma un tercer elemento: cómo a partir del diseño de los proyectos desde el MOP se pueden empezar a implementar temas de economía circular”.

Al respecto, dijo Evelyn Galdames, la idea es analizar la información que se recopile durante los dos primeros años de implementación de esta exigencia, para luego analizar nuevas medidas.

“Una vez que tengamos este diagnóstico -dijo-, y que avancemos en pruebas de nuevos materiales, podríamos llegar a exigir un porcentaje de materiales reutilizados en nuestros obras. Tenemos que hacer pruebas técnicas y nuevas normativas -o actualizaciones de éstas- para incorporarlos, pero también debe existir un mercado de materiales reciclados para que sea viable. En dos los números nos podrían entregar luces respecto de dónde tenemos que generar cambios, o cuáles podrían ser nuestras metas al respecto”.